En 1956, la República Federal de Alemania (RFA) aprobó la Ley de Indemnización a las Víctimas del Régimen Nazi. Pensada para resarcir a los supervivientes del Holocausto, la norma dejaba la puerta abierta a otros grupos represaliados por Hitler, como los exiliados de la Guerra Civil española. Unos 20.000 españoles solicitaron en los años siguientes una indemnización. Más de la mitad de ellos no habían sido deportados a campos de concentración, ni siquiera habían estado nunca en Alemania. ¿Quiénes eran?
Durante la Segunda Guerra Mundial, 50.000 españoles exiliados fueron obligados por los alemanes a construir el Muro Atlántico, un descomunal sistema de fortificaciones que debía impedir la invasión aliada. Solo en Francia, 300.000 personas trabajaron en el Muro Atlántico. Más de la mitad eran franceses, belgas, holandeses y alemanes que se enrolaron libremente atraídos por los altos salarios. Entre los trabajadores forzados se contaban prisioneros de guerra soviéticos, judíos y republicanos españoles. En los puertos de Brest, Lorient, Saint Nazaire, La Rochelle y Burdeos, los españoles construyeron gigantescas estructuras de hormigón para proteger los submarinos alemanes, que todavía hoy están en pie.
El Servicio de Indemnizaciones de la RFA rechazó las solicitudes de los antiguos trabajadores españoles del Muro Atlántico con el argumento, copiado de la propaganda nazi, de que habían sido voluntarios. Asesorados por abogados, los exiliados acudieron entonces a la Justicia alemana, sosteniendo que ellos habían sido recluidos en campos vigilados por los SS y obligados a cumplir jornadas de trabajo extenuantes y no siempre remuneradas.
Para determinar qué parte tenía razón, la Audiencia de Colonia investigó las condiciones de vida y trabajo de los españoles en el Muro Atlántico, recopiló documentación, solicitó estudios a historiadores y llamó a declarar a centenares de testigos. Ante los jueces testificaron miembros de las SS y la Gestapo, soldados, técnicos, ingenieros, empresarios de la construcción y hasta promitentes nazis como Albert Speer. Comparecieron además miles de exiliados españoles, que narraron sus vidas en los campos de trabajo de la costa atlántica y aportaron atestados médicos que certificaban las secuelas físicas provocadas por aquella desgraciada experiencia.
Tras una larguísima instrucción, a finales de los años sesenta los jueces dictaminaron que los republicanos españoles habían sido vistos por los nazis como enemigos ideológicos potencialmente peligrosos. Por ese motivo las autoridades de ocupación en Francia les habían dado un trato especialmente duro, similar al que reservaban a judíos y prisioneros de guerra soviéticos. En una sentencia que sentó precedente para centenares de casos, un juez dictaminó que en algunos campos en Francia las condiciones de vida y de trabajo de los republicanos españoles habían sido tan inhumanas como en los campos de concentración de Alemania.
Los españoles reducidos a la semiesclavitud por el régimen nazi fueron oficialmente reconocidos por la democracia alemana como víctimas del III Reich por motivos políticos. De esta forma, se convirtieron en los primeros trabajadores forzados del nazismo indemnizados por la RFA. Tuvieron que pasar más de veinte años y la caída del muro de Berlín, para que la gran masa de trabajadores forzados del régimen de Hitler, procedentes de los países del Este, fueran indemnizados.
El historiador Antonio Muñoz Sánchez, investigador post doctoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, es experto en la lucha llevada a cabo por los deportados españoles a campos nazis para ser reconocidos por la RFA como víctimas del nazismo, durante la década de los 60. En la actualidad investiga también el tema de los trabajadores forzados españoles en la Alemania nazi y prepara una exposición sobre ellos.
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